A pesar de que la Ley de Migración establece las condiciones mínimas que estos espacios deben tener para dar un trato digno a quienes ahí se encuentran, lo cierto es que se trata de centros de detención en los que la discriminación, el hacinamiento, la incomunicación y otras violaciones a los derechos humanos son la constante.
Desde 2019, tras el acuerdo celebrado entre México y Estados Unidos en el que nuestro país se comprometió a frenar el flujo migratorio hacia la frontera norte, la detención se convirtió en una de las principales políticas migratorias, en contra del principio de excepcionalidad de la detención que establecen los estándares internacionales. En ese año, 182 mil 940 personas extranjeras fueron privadas de la libertad en una estación, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria.
Además de no proporcionar el servicio de comunicación telefónica, es poca o nula la colaboración del INM cuando familiares u organizaciones intentan averiguar el paradero de una persona, por lo que se debe acudir a instancias como los consulados, las comisiones de búsqueda, las comisiones de derechos humanos o los órganos jurisdiccionales para poder saber si se encuentra o no en una estación migratoria. En muchos casos el contacto se reestablece únicamente cuando fueron retornadas a sus países de origen o cuando lograron salir de la estación. Mientras tanto, sus familias, con recursos limitados, a la distancia y, en ocasiones, sin hablar español, hacen hasta lo imposible por tratar de localizarlas.
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