El pasado jueves 2 de septiembre la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México. Si los diputados federales proceden en el mismo sentido —lo que es altamente probable—, quedará abrogada la Ley vigente a partir de enero del 2002 para que entre en vigor esta nueva Ley. Lo que en principio pudiera parecer una mera actualización orgánica de las funciones que ya realiza laSecretaría de Marina, en realidad se trata de una ampliación de facultades. Ello, desde luego, en favor del proceso de militarización que abiertamente vivimos en el país.
Por razones de espacio me he limitado a señalar tres problemas relevantes de la Ley que se está discutiendo en nuestro Congreso Federal. Lo que importa es destacar la manera en la que, como hasta ahora ha acontecido, de poco a poco se están otorgando mayores atribuciones a las fuerzas armadas. La compleja situación de seguridad que vivimos hará suponer a muchos que ello es bueno. Que, de no estarse dando estas opciones, seguramente la delincuencia avanzaría más y todo sería peor. Tales consideraciones no toman en cuenta, sin embargo, que más allá de la franca asignación de competencias y recursos a los militares, es muy poco lo que en otros ámbitos se está haciendo para fortalecer la seguridad pública. Tampoco se están considerando los daños, si no permanentes, sí al menos de largo plazo, que de por sí ya se están dando en la cultura democrática de nuestro país.
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