Si bien reconocemos la importancia de que presidencia se pronuncie sobre las problemáticas estructurales e históricas que han criminalizado injustamente a miles de personas en nuestro país, el decreto publicado este miércoles constituye, nuevamente, una declaración de buenas intenciones que no contempla ningún cambio estructural que permita brindar justicia social a las personas encarceladas y a las víctimas de los delitos.
La justicia no se logra por decreto presidencial, mucho menos cuando éste solo se traduce en buenas intenciones y no en políticas integrales y presupuestales que atiendan las circunstancias particulares de las personas privadas de libertad, así como las fallas estructurales de las instituciones de justicia que siguen sin funcionar.
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