Este grave hecho se torna incluso más preocupante dado que, según la Ley de la Guardia Nacional, el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional debe ser nombrado por el presidente de la república precisamente para que cuente con la máxima independencia en su delicada labor. Que el Ejército asuma que puede proponer -y en los hechos, imponer- en ese puesto a mandos con antecedentes de tortura, incluso poniendo en una delicada posición a su Comandante Supremo, da cuenta de cómo, en la actual administración, las Fuerzas Armadas han adquirido una fuerza inédita ante la que no se está construyendo ningún contrapeso civil.
En esa clave deben entenderse también el reciente cambio en la estructura del Ejército Mexicano y la creación de su nueva Comandancia. Las Fuerzas Armadas y sus voceros han destacado que se trata del más trascendente cambio en la organización del Ejército Mexicano. Sin entrar a detalle sobre las implicaciones de dicha modificación, el sólo hecho de que se publicite así pone de relieve un aspecto no menor: por sí y ante sí, el Ejército decidió una modificación sustantiva a su estructura y constituyó su nueva Comandancia, con endeble fundamento legal –según se ha dicho, la facultad del General Secretario de crear unidades especiales-, sin siquiera permitir que el respectivo cambio se discutiera antes en el Congreso de la Unión y se incorporara a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos en vigor.
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La carta de presentación con la que Andrés Manuel López Obrador se abrió posibilidades para el triunfo en la tercera elección a la Presidencia de la República en la que participó, fue sin duda su discurso anticorrupción y la legitimidad que cobraba frente a sus contrincantes políticos que nunca, durante las contiendas, pudieron acusarlo de algún acto de corrupción. La narrativa fue transformándose conforme se acercaba la elección, al grado de que su compromiso en la lucha contra la corrupción que el país requería se redujo a advertir que él no iniciaría la persecución contra ningún corrupto, sino que sólo daría cauce a las denuncias que ya estaban en marcha.
Durante estos dos años la lucha anticorrupción de la llamada cuarta transformación ha sido vaga, sin estrategia, diferenciada y con una clara tendencia política que desafortunadamente debilita la causa a la vez que abona a la banalización de los actos de corrupción. Si no miramos les nombres ni las filias políticas de algunos de los implicados en casos de corrupción, podemos meter en un mismo costal a quienes aparecen en videos recibiendo cientos de miles de peses en billetizas a manos de funcionarios públicos o de personas vinculadas a diferentes gobiernos. Otro costal de patrones de corrupción más sofisticado es la colaboración en fraudes mediante la utilización de empresas fantasmas con las que se firman contratos millonarios y en las que también hay involucrados de todos los partidos, del pasado y del presente. La omisión de funcionarios y exfuncionarios públicos en sus declaraciones patrimoniales también agrupa a implicados con diferentes colores partidistas.
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