Este grave hecho se torna incluso más preocupante dado que, según la Ley de la Guardia Nacional, el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional debe ser nombrado por el presidente de la república precisamente para que cuente con la máxima independencia en su delicada labor. Que el Ejército asuma que puede proponer -y en los hechos, imponer- en ese puesto a mandos con antecedentes de tortura, incluso poniendo en una delicada posición a su Comandante Supremo, da cuenta de cómo, en la actual administración, las Fuerzas Armadas han adquirido una fuerza inédita ante la que no se está construyendo ningún contrapeso civil.
En esa clave deben entenderse también el reciente cambio en la estructura del Ejército Mexicano y la creación de su nueva Comandancia. Las Fuerzas Armadas y sus voceros han destacado que se trata del más trascendente cambio en la organización del Ejército Mexicano. Sin entrar a detalle sobre las implicaciones de dicha modificación, el sólo hecho de que se publicite así pone de relieve un aspecto no menor: por sí y ante sí, el Ejército decidió una modificación sustantiva a su estructura y constituyó su nueva Comandancia, con endeble fundamento legal –según se ha dicho, la facultad del General Secretario de crear unidades especiales-, sin siquiera permitir que el respectivo cambio se discutiera antes en el Congreso de la Unión y se incorporara a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos en vigor.
*Lea el artículo completo en Animal Político
El pasado 7 de junio se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México un decreto que contiene una serie de reformas, adiciones y derogaciones a artículos del Código Penal para la capital del país (https://cutt.ly/oQnqWGr). Entre los artículos reformados se encuentran el 256, 256 bis y el 259, que forman parte del título décimo octavo, que se refiere a los delitos contra la buena administración cometidos por servidores públicos (…) distintos actores sociales han manifestado su preocupación por las negativas y peligrosas implicaciones que esto representa para el goce y ejercicio pleno de los derechos de las OSC y de las personas defensoras y colectivos, especialmente a defender derechos humanos y a la libertad de asociación.
Diversas organizaciones, y por lo menos un organismo público autónomo que defiende derechos humanos, han sostenido la inconstitucionalidad de estas reformas al Código Penal, debido a que contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente los artículos 9, 16 y 108, así como diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, los cuales, sobra decirlo, le generan a éste obligaciones y deberes en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Entre ellos, por ejemplo, están los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, saludamos el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México haya interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra diversas porciones normativas del decreto por el que se reformaron los artículos del Código Penal.
*Lee el artículo completo en La Jornada