A casi cuatro años de la publicación de la ley general en la materia, ¿cuántas personas ha localizado la Comisión Nacional de Búsqueda o sus homólogas en los estados? No sabemos. ¿Cuántas personas ha localizado la Fiscalía General de la República o las fiscalías de las entidades federativas? No sabemos. ¿Cuántas personas han localizado las familias sin la intervención del Estado? Probablemente, a la mayoría. Nunca será suficiente el reconocimiento a las familias en su búsqueda incansable, pero no es sostenible ni podemos conformarnos con la idea de que ellas deban asumir una responsabilidad que es del Estado.
La falta de información y estadísticas oficiales sobre localización de personas es abrumadora porque es un trágico indicador en sí mismo: no importa saber si encontramos, lo importante es buscar; ergo, lo importante es seguir subiendo la piedra.
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A pesar de las buenas intenciones y los discursos, en los hechos el gobierno de México continúa sin materializar e, incluso, pretende imponer limitaciones a la visita del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. El próximo 30 de agosto, día de conmemoración internacional de las víctimas de desaparición forzada, se cumple un año de que el Subsecretario Alejandro Encinas presentara un plan de 7 acciones para apoyar a las familias en la búsqueda de sus seres queridos. Dicho plan fue presentado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera y en ese mismo acto el plan fue refrendado por el presidente. La tercera de las acciones contempladas por el plan fue “la invitación oficial al Comité contra la Desaparición Forzada para que realice una visita oficial en México en el segundo semestre del año 2020. Es la solicitud que ha quedado pendiente por parte de Naciones Unidas, es una solicitud que se presentó en el 2013 y que recurrentemente el gobierno anterior se negó a dar”.
A estas alturas, con una cifra que rebasa las 90 mil personas desaparecidas (poco más de 21 mil en esta administración), y con miles de fosas clandestinas y cuerpos de personas sin identificar, es insostenible que el Estado mexicano se niegue a una visita del Comité de Naciones Unidas para evitar que se exponga la gravedad de la situación de las desapariciones en el país.
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