No podemos negar que la inteligencia la requiere todo Estado, lo que debemos subrayar es que esta actividad debe estar rigurosamente regulada y vigilada por instituciones públicas para tratar de garantizar que esté sujeta a un efectivo control democrático. En el caso que referimos, si bien el actual gobierno, ante las presiones mediáticas y de organizaciones de la sociedad civil, ha publicitado los contratos de los servicios de inteligencia, lo cierto es que también se ha avanzado poco en el esclarecimiento del caso y menos se ha abordado sobre cuáles tienen que ser los mecanismos para que las labores de inteligencia estén sometidas a controles democráticos, de forma que no sólo sea un acto legal, sino que se desarrolle bajo el escrutinio de la rendición de cuentas. La ley establece que un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de un ciudadano, pero debe existir un marco considerablemente más robusto no sólo para autorizar estas acciones, sino para regular la adquisición y uso de este tipo de tecnologías, procurando la debida rendición de cuentas y la transparencia.
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