El 5 de agosto pasado, las organizaciones de familiares de desaparecidos de Morelos finalizaron una jornada de 46 días supervisando el proceso de traslado e inhumación de los cuerpos de personas no identificadas, de los servicios médicos forenses (Semefo) a la fosa común en Cuautla. La decisión de regularizar la situación de los cuerpos no reconocidos que se amontonaban en los servicios forenses del estado y trasladarlos a gavetas individualizadas en una fosa común, se dio después de que la organización Regresando a Casa Morelos, en alianza con otras organizaciones de derechos humanos, presentó en enero pasado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas una solicitud de llamamiento urgente al Estado mexicano para que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) informara la situación irregular de los cuerpos bajo custodia estatal, incluyendo los exhumados en las fosas irregulares de Jojutla y Tetelcingo hace cinco años (https://cutt.ly/zQOVoZE).
Los colectivos de familiares de desaparecidos han peleado por el derecho a supervisar a los servicios forenses, porque han constatado a lo largo de sus luchas las formas ilegítimas, indignantes y hasta ilegales en la que son tratados los cuerpos. Los casos de las fosas ilegales del estado en Jojutla y Tetelcingo, donde se encontraron cuerpos vestidos, torturados, maniatados, sin necropsias, son sólo un ejemplo de esto.
Si bien las familias querían que estos cuerpos pudieran tener las necropsias correspondientes que facilitaran su identificación y pudieran ser inhumados de manera digna, los procedimientos de la fiscalía desde sus inicios estuvieron llenos de irregularidades. Por lo que el 17 de junio de 2021, la organización Regresando a Casa Morelos informó que no avalaría el proceso, porque forenses independientes habían analizado el plan de trabajo y éste no cumplía con los requisitos mínimos de las normativas nacionales e internacionales. La fiscalía ignoró estos cuestionamientos y siguió adelante con el proceso. Sin avalarlo, las familias decidieron supervisarlo. Y ahí estuvieron casi 12 horas diarias durante mes y medio. Unas adentro tomando notas, haciendo dibujos de las prendas que tenían los cuerpos, otras afuera atendiendo a las familias que venían a buscar a sus hijos e hijas. Estamos en espera de su informe, pero al haber tenido el privilegio de acompañarlas durante algunos días pude constatar que en vez de los 632 cuerpos que oficialmente se había anunciado que se trasladarían, sólo fueron inhumados 388 (111 en Cuautla, 144 en Cuernavaca y 133 en Jojutla). ¿Cuál será el futuro de los 244 que continúan en los frigoríficos? ¿Qué hay detrás de la tipificación de “no procede” que se le dio a muchos cuerpos que no fueron trasladados? ¿Por qué había cuerpos que fueron recuperados hace más de cinco años, aún tenían prendas de vestir y no se les habían practicado necropsias? Muchas interrogantes que confirman la desconfianza inicial en el proceso. Aunque no todos los colectivos coinciden en sus críticas a los procedimientos estatales, todas tienen en común su práctica amorosa hacia los muertos no reconocidos, enseñándonos que la pedagogía del amor, es más fuerte que la pedagogía del terror.
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