Más allá de la colusión en delitos y las violaciones de derechos humanos documentados en dos años, es preocupante que la GN tenga facultades para detener a personas migrantes dentro del territorio mexicano porque sabemos que es imposible determinar quién es una persona migrante y quién no a simple vista. Estas facultades únicamente abren la puerta para la discriminación por razones de idioma, etnia, raza, pobreza, y a su vez a la extorsión.
La Guardia Nacional debería de estar enfocada en proveer seguridad a todas las personas en México, no gastando sus recursos en una cacería de las personas más vulnerables –indígenas, migrantes, y aquellas sin documentos migratorios o de identidad. Según algunas encuestas, la GN cuenta con el 75% de aprobación de la población mexicana que reconoce la necesidad de prevenir delitos, pero la migración irregular no es un delito y sería mucho más eficaz prevenir el tráfico de personas con facilidades para la documentación migratoria, que ha sido comprobado, como una forma de disminuir la vulnerabilidad de las personas en movilidad, además de ser un compromiso de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperamos no seguir contando años y daños por el despliegue de la GN en acciones migratorias.
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