Hace unos días, el presidente López Obrador informó en la mañanera que serán liberadas las personas privadas de la libertad que se encuentran en Centros Federales de Readaptación Social por delitos no graves y que en diez años no hayan sido sentenciadas.
Habría que recordarle al presidente que la población carcelaria del país, especialmente el número de personas privadas de la libertad sin sentencia, ha crecido durante su gobierno, a pesar de la pandemia. Habría que también preguntarle ¿por qué facilitan el uso de la prisión sin sentencia por un lado, pero habla de excarcelación por el otro?
No queda claro cuál es el mecanismo legal por el cual pretende el gobierno excarcelar a todas las personas que mencionó el presidente, acompañado de la secretaria y subsecretario de Gobernación. Sin embargo, las cifras muestran a un gobierno más afín con el punitivismo que con la justicia y el uso racional del aparato punitivo estatal. Hechos son amores, no buenas razones, reza el refrán popular. Los hechos están ahí, en los datos del propio gobierno.
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