Las personas defensoras arriesgan sus vidas por lograr una sociedad más justa y equitativa. En lugar de reconocer la importancia de su labor, son víctimas de asesinatos, amenazas, hostigamientos, criminalización a través de procesos penales infundados y discursos que buscan deslegitimar sus actividades de defensa.
En México, los niveles de impunidad en general son críticos. Mientras esta situación permanezca, las personas defensoras continuarán en una situación de indefensión y desprotección. Los ataques impunes, además, generan un efecto multiplicador que crea un contexto de intimidación para quienes defienden los derechos humanos y anima a quienes los agreden. La mejor forma que tiene el Estado de proteger a las personas defensoras es luchando contra la impunidad de los delitos cometidos en su contra, enviando así un claro mensaje, a través de investigaciones diligentes, de que todos los responsables de estos crímenes serán identificados y sancionados conforme a la ley.
Otro elemento imprescindible para garantizar la defensa de los derechos humanos es el reconocimiento público e inequívoco del Estado sobre la importancia que su labor representa dentro de nuestra sociedad. Es fundamental que todas las autoridades del Estado, desde sus más altas esferas, fomenten una cultura de respeto y de reconocimiento al trabajo de las personas defensoras y eviten realizar pronunciamientos que pudieran deslegitimar su labor.
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