Detrás de una postura semejante está la convicción de que si se reconoce que algo va mal lleva implícita la acusación de que todo está mal y aún peor que antes. En esta polarización nos encontramos si acercamos el lente a la situación de emergencia que se está viviendo en diversas regiones del país. Sólo un ejemplo dramático y presente es el de Pantelhó, Chiapas (además Simojovel, Chenalhó, Aldama, entre otros en la misma entidad).
Ante ello, en su conferencia mañanera del 15 de julio, el Presidente de la República afirmó que el problema es muy focalizado, pero no es una situación generalizada en México; afortunadamente hay paz y tranquilidad hay gobernabilidad
, al asegurar que se está trabajando de manera conjunta con el gobierno de Chiapas para regresar la seguridad a la región y frenar los brotes de violencia. Indicó –sin explicarlo– que no se trata de conflictos que vienen de tiempo atrás que son cosas nuevas.
Ciertamente el actual gobierno, autodenominado de la 4T, tiene una pesada herencia de impunidad por parte de los grupos de delincuencia organizada y las complicidades desde los sectores oficiales; sin embargo a tres años, la estrategia de seguridad, con sus escasos resultados, no se compadece de la grave situación que se vive en algunas regiones del país. Bien se haría en analizar las fundadas evidencias que el Centro Pro de Derechos Humanos ha colocado en su informe titulado Poder militar: la Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, donde alerta sobre las implicaciones de la renuncia en los hechos a hacer de la Guardia Nacional una fuerza civil. Pareció señal de conciencia, no a la defensiva, la afirmación del Presidente de la República el pasado 15 de julio: Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno
. ¿Será?
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