El Estado se ha visto superado e indudablemente hay instituciones públicas coludidas en la generación de los entornos de violencia. México, hoy cuenta con parcelas territoriales enteras, donde la presencia de las instituciones del Estado es inexistente, o en su defecto existe pero para fortalecer los intereses de bandas criminales. En este entorno de macrocriminalidad, la estrategia de “abrazos, no balazos” es insuficiente.
En noviembre de 2018 López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que consideraba ocho estrategias para la pacificación del país que, articuladas, constituían una política integral para la atención de la violencia. No obstante, el plan, que incluía programas sociales, la reconstrucción de tejidos sociales, la dignificación del sistema penitenciario, un enfoque de justicia transicional, entre otras medidas sumamente pertinentes, terminó por diluirse en la creación de una Guardia Nacional militarizada, medida que era sólo la última de las estrategias.
Es decir, tenemos una nueva narrativa presidencial en el ámbito público –abrazos, no balazos–, pero la misma estrategia de combate a la violencia, basada en la militarización de la seguridad. Mientras las nuevas narrativas minimizan, invisibilizan y dan seguimiento a la violencia como meros sucesos coyunturales, las viejas prácticas se sostienen al militarizar no sólo la seguridad pública sino la gestión de políticas públicas en materia de salud, educación e incluso infraestructura.
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