El pasado 26 de junio se cumplieron dos años desde que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso tres acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la militarización de la seguridad pública.1 Son dos años en los que la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto estos asuntos. ¿Qué tan inusual es el tiempo que ha demorado? ¿Y por qué importa?
El retraso de la Corte es considerable para este conjunto de casos. El tiempo que ha transcurrido desde las fechas de recepción correspondientes —2016 y 2019— de las acciones es bastante superior no sólo al que tomó resolver las dos acciones previas sobre la militarización de la seguridad pública, sino al tiempo que toma, de manera general, la resolución de las mismas. En promedio, a la Suprema Corte le toma 282 días resolver una acción de inconstitucionalidad a partir de la fecha de recepción. Esto implica que las impugnaciones a las tres leyes mencionadas han excedido por 445 días el tiempo promedio de resolución. Solo un 11% de los casos de la muestra han demorado más en obtener una determinación. A su vez, la acción de la CNDH que se presentó en 2016 ha excedido el tiempo promedio por 1,552 días. Para dimensionar el retraso, basta señalar que, del total de 2054 acciones que incluye la base, sólo ocho —el 0.4%— han tardado más tiempo en ser resueltas.10 ¿Esta diferencia del promedio podría deberse a la casualidad? No.
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