Hace unos días, el presidente López Obrador anunció que hay tres reformas constitucionales que desea impulsar en la segunda mitad de su gobierno. Una de ellas es la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El anunció no es una sorpresa. Desde su creación, López Obrador se aseguró que la Guardia Nacional fuera una institución —de facto— militar. Con la reforma constitucional anunciada, el presidente estaría legalizando y haciendo permanente lo que hoy sucede en flagrante violación a la Constitución.
La Guardia Nacional tiene 44 facultades entre las que están prevenir e investigar delitos, vigilar aduanas y puertos, detener personas, inspeccionar documentos. De facto, hoy es el ejército el que lleva a cabo estas tareas. Con la reforma quedarían de manera permanente en manos de los militares. No se trata de un simple cambio cosmético ni de una reforma que nos empuja a continuar indefinidamente con la estrategia de seguridad errada, sino de un cambio en nuestra forma de gobierno. Lo que se propone es pasar abiertamente a un Estado en el que los militares pueden espiarnos, investigarnos, detenernos, vigilarnos, sin control civil. De darse, este cambio sería el más relevante del gobierno de López Obrador.
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