En el mundo ya se crea legislación específica para que proveedores y contratistas en industrias extractivas sean más transparentes. Se obliga a estas empresas a difundir con quién están haciendo negocios, lo cual trae beneficios en diferentes áreas. En primer lugar, con la difusión de esta información se reducen riesgos de corrupción y se evitan los conflictos de interés. En segundo lugar, tal difusión promueve que las empresas, a las que les interesa salvaguardar su reputación, hagan una revisión exhaustiva de su cumplimiento de valores y estándares en materia laboral, ambiental y de derechos humanos, entre otros.
Ya sea desde un control ejercido por los vigilantes del Estado, o por parte de la CFE por su propio interés y reputación, se debe prestar más atención a las entidades con quienes contrata nuestra empresa estatal, tanto para evitar posibles conflictos y riesgos de corrupción, como para asegurarnos –y el caso de la mina Micarán lo ilustra perfectamente– que se cumplen con los requisitos mínimos de respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
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