En principio, podemos destacar algunos avances importantes en materia judicial, sobre todo en términos de procedimientos; sin embargo, estos avances son patentes principalmente en las últimas instancias judiciales, pero todavía no logran reflejarse en los juzgados, agencias del Ministerio Público, o en la sala de apelación. Correlativamente, debemos reconocer importantes muestras de avance en la creación de programas estatales de derechos humanos y en la capacitación de funcionarios de la administración pública; sin embargo, esos logros no acaban de reflejarse de manera convincente en la atención y acompañamiento a víctimas.
Del mismo modo podemos afirmar que se cuenta ya con un piso mínimo de exigencia, con el control de convencionalidad y otras herramientas de gran potencialidad jurídica, pero que lucen todavía limitadas en el ejercicio cotidiano. Todo lo cual deja la sensación de que la reforma constitucional pareciera no terminar de encajar en el sistema de investigación y sanción de delitos como un eficaz mandato, sino apenas como recomendación.
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