En términos jurídicos ya podemos afirmar, sin asomo de duda, que a López Obrador le tiene sin cuidado el cuerpo normativo nacional e internacional que, entre otras cosas, ordena la intervención excepcional y subordinada por parte de las instituciones militares en seguridad pública.
También podemos afirmar que el presidente no ha puesto ni pondrá a discusión si la intervención militar, con base en evidencia, en efecto funciona para reducir las violencias y construir seguridad ciudadana.
El tema para el jefe de Estado no es jurídico ni técnico, es estrictamente político. Es en el ángulo político donde López Obrador impulsa su vía militar. Creo que él ya hizo dos cálculos. Primero, no hay actor político e institucional con narrativa alguna que pueda defender de manera convincente la vía civil. El segundo cálculo del presidente está en la oportunidad asociada a la legitimidad de las fuerzas armadas, misma que se traduce en una narrativa hegemónica, política y social, que hace imposible activar la verdadera rendición de cuentas y el control democrático de las instituciones castrenses.
*Lea el artículo completo en Animal Político