El pasado martes 25 de mayo, coincidiendo con la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, se cumplieron 10 años de la desaparición de Iván Eduardo Castillo Torres, Estrella Jaqueline Jiménez Estrella, Pedro Alberto Gayosso Martínez y Jenny Isabel Jiménez Vázquez a manos del crimen organizado y la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla. El colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica, creado e impulsado por sus madres, realizó un acto de memoria que evocó sus nombres pero también recordó las deudas del Estado con quienes siguen desaparecidos.
“Nos arrebataron la paz, el patrimonio, pero hoy construimos un espacio de lucha y esperanza para muchas familias, no vamos a dejar de buscarlos, los amamos y no nos cansaremos de buscarlos”, insisten las madres a través de la voz de su representante.
Sin duda, esta experiencia refleja las deudas en esta materia que no se están solventando. Al día de hoy, hay más de 83 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país1. Los colectivos de familiares han denunciado por años las irregularidades, lentitud y falta de coordinación institucional tanto en la búsqueda de las personas en vida como en los procesos de identificación forense. Es incierto cuántos cuerpos y restos sin identificar corresponden a personas que son buscadas por sus seres queridos y es muy común que los pocos avances que pueda haber en una investigación sean los aportados por las propias familias.
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