Gran parte de estas granjas –sobre todo las más grandes con decenas de miles de cabezas de ganado- pertenecen a la empresa Grupo Porcícola Mexicano, conocida comercialmente como Kekén. Su producción no atiende a la demanda local sino a la exportación de carne al resto del país y a países de Asia como China, lo que implica que en Yucatán se está pagando la huella ambiental de distintas regiones. Pueblos indígenas, ambientalistas y activistas por los derechos de los animales han emprendido distintas batallas para evitar la degradación ambiental y la pérdida de los cenotes, que son la principal fuente de agua en la región. Casos como los de Kinchil, Homún, San Antonio Chel y Chapab son algunos de los ejemplos más mediáticos.
La confirmación de la suspensión de la granja de Homún (de 50 mil cerdos) y la clausura de otras cuatro no es cosa menor. Una de ellas es la de Kinchil, donde se crían los cerdos, por lo que representa un golpe estructural a la producción de Kekén. No obstante, la solución no vendrá del cierre de granjas caso por caso sino de medidas legislativas y administrativas más estructurales. Las dos noticias deben celebrarse, pero no puede engañarnos con la idea de que el Estado Mexicano ya ha cumplido con la totalidad de sus responsabilidades.
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