Desde 2013, posterior a la promulgación de la reforma energética, diversos grupos y organizaciones ambientalistas hemos estado buscando que se prohíba el fracking. Por eso, recibimos con buenos ojos el que el presidente se pronunciara en contra del fracking desde que fuera candidato a la presidencia. No obstante, la prohibición legal del fracking sigue pendiente y, mientras tanto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) sigue otorgando permisos de exploración en yacimientos no convencionales mediante el uso de esta técnica, ya que la reglamentación vigente lo permite.
Si se pudo un decreto presidencial en contra de los transgénicos y del glifosato que reconoce la prioridad a la protección de bienes comunes, se puede entonces un decreto para prohibir el fracking y otro para prohibir la minería en ANP y, así, proteger el agua y la biodiversidad, dos elementos constitutivos del bienestar planetario. Todo parece indicar que, si quiere, el presidente puede prohibir la minería en las ANP y el fracking en todo el territorio nacional. Decrétese.
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