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El día de hoy tenemos alerta amarilla porque las posturas en relación al tema de seguridad parecen en todo momento responder a coyunturas y tratar de obtener la mayor capitalización política posible. Esto es notorio en el desacuerdo por parte de Calderón y Ebrard para cumplir la exigencia de México Unido Contra la Delincuencia. Pero el día de ayer en el Joint Fix de la Fundación Böll, Victor Hugo Pérez Hernández, encargado de DH en la SSP demostró su habilidad para eludir preguntas y después se sumó a los comentarios de los ponentes ¿Será que la SSP también apoya la desmilitarización? ¿O es sólo retórica?
Falso el debate DH-seguridad: defensores;
investigaciones a mandos en la SSP
• Consenso contra la pena de muerte y el aumento de penas como estrategias únicas
• En el Foro se destacó la trayectoria del Centro Prodh en el marco de su 20 aniversario
El día de ayer en la Casa Lamm se llevó a cabo el Jour Fixe, espacio de debate y reflexión convocado por la Fundación Heinrich Böll. El tema fue seguridad ciudadana y derechos humanos (DH). El espacio también sirvió para dar inicio a una serie de celebraciones civiles con motivo de la conmemoración de los 20 años de existencia del Centro Prodh. La mesa fue significativa porque reunió a actores relevantes de diversos ámbitos del trabajo en pro de los DH. Participaron Liliana Valiña por parte de la OACNUDH; Emilo Álvarez Icaza, ombudsman capitalino; Luis Arriaga Valenzuela, Director del Centro Prodh; y Victor Hugo Pérez Hernández, de la SSP federal; todos moderados por la directora de Cencos, Brisa Maya.
Luis Arriaga dio inicio a la mesa enfatizando algunos aspectos preocupantes de las polìticas de Seguridad pùblicas actuales. Retomó los datos del informe preliminar dado a conocer por el organismo civil que encabeza y con base en ellos denunció que los operativos militares producen abusos reiterados. Después tocó el turno al representante de la SSP federal, Victor Hugo Pérez Hernández, quien escogió abordar los “pendientes” de su dependencia, entre los que destacó la deuda con los derechos de las víctimas (en línea con la tesis calderonista de que existen dos tipos de derechos: delincuentes y víctimas); el insuficiente control sobre las policías privadas y un concepto poco claro que denominó “medidas civiles”, mismas que ejemplificó con el caso de Al Capone y que al parecer se refería a la posibilidad de cercar a los delincuentes desde su entorno y sus familias.
De inmediato, Liliana Valiña recordó los estándares internacionales y con base en el informe sobre terrorismo y derechos humanos de la Comisión IDH, retomó el planteamiento hecho por Arriaga acerca de la falsa disyuntiva entre DH y Seguridad. Recordó que el Estado es responsable de garantizar los derechos a la población civil, lo cual –enfatizó la representante de la OACNUDH en México– incluye los DESC. Finalmente Álvarez Icaza con una perspectiva pragmática y clara recordó el caso News Divine y destacó lo paradójico de que sean las instituciones encargadas de diseñar y aplicar las leyes quienes tengan la menor credibilidad. No es posible combatir la ilegalidad a partir de medidas ilegales, concluyó el ombudsman. También retomó los comentarios de Valiña, destacando la importancia de la labor defensora del Centro Prodh en la defensa y promoción de los derechos humanos desde la sociedad civil, congratulándose por su 20 aniversario.
Brisa Maya, de Cencos, recapituló los elementos centrales y dio otra ronda a los participantes, en la cual Pérez Hernández se sumó –entusiasta– a los llamados de los defensores que lo acompañaban. A pregunta expresa del Sididh, el funcionario eludió responder en cuánto tiempo estaría la policía civil lista –después de 11 años de creación de la PFP– para asumir su mandato constitucional y permitir que el Ejército regrese a sus cuarteles, como pidieron los defensores de derechos humanos en sus distintas intervenciones. También lo cuestionamos en torno a posibles cambios en su dependencia, relacionado con los cambios en PGR y Sedena, ante lo cual afirmó que había investigaciones en curso que determinarían los posibles cambios. Desde el Público, Michael Chamberlain del CDH Frayba, enriqueció los comentarios de Arriaga con la experiencia chiapaneca. El foro de reflexión de la Fundación Böll concito a colaboradores de diversos organismos de defensa de los derechos humanos en México.
Acepta Segob posible desaparición forzada en caso de EPR
• Emite comunicado a media conferencia de Comisión Civil de intermediación
De manera casi simultanea a la presentación de un informe por parte de la Comisión Civil de intermediación, Segob emitió un comunicado oficial en el que «informa que la Procuraduría General de la República desarrolla sus investigaciones sin limitación alguna bajo el tipo penal de desaparición forzada de persona». El breve comunicado de Segob termina diciendo que «reitera al llamado EPR-PDPR y a la Comisión de Mediación su propósito de entablar un diálogo serio y comprometido con la verdad, la paz y la conciliación».
La Comisión Civil, por su parte, presentó un informe de 25 cuartillas en el que sustenta en instrumentos internacionales su presunción en torno a la desaparición de los eperristas por «agentes del estado o por personas que actuaron con la autorización» del Estado. Finalizan el documento haciendo un llamado a ambas partes a que clarifiquen su postura.