- Acusado de terrorismo, rebelión y de pertenecer al bloque internacional de las FARC, el colombiano Dr. Miguel Ángel Beltrán espera mañana decisión final para su juicio.
- La Fiscalía colombiana, tras año y medio de imputados los cargos, no ha conseguido comprobarlos.
Liliana Zaragoza Cano/Centro Prodh
Por supuestos cargos de terrorismo y rebelión, así como de pertenecer al bloque internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el profesor colombiano Dr. Miguel Ángel Beltrán, quien realizaba una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue detenido y deportado ilegalmente del país en mayo de 2009. Al día de hoy, la Fiscalía colombiana no ha podido comprobar los cargos imputados al defensor del pensamiento crítico.
El Comité por la liberación del Dr. Miguel Ángel Beltrán Villegas señala al Estado mexicano como responsable de perpetrar las siguientes violaciones: “derecho a la información, a la defensa, a la seguridad jurídica, a la audiencia, al recurso judicial, al debido proceso legal, a la representación, a la comunicación y a la integridad física.” Denuncia a su vez que “el Instituto Nacional de Migración (INM) ocultó su paradero por varias horas, es decir, lo desapareció temporalmente.” Lo que siguió a ello, fue la entrega de Miguel Ángel por parte de las autoridades al Estado colombiano, y es ahí “donde su vida corre peligro, violentando la Convención internacional para los derechos de los refugiados”, refiere.
En conferencia de prensa con sede en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el pasado lunes 22 de noviembre se expusieron los avances del juicio que finalizará el día de mañana en Bogotá, del cual se espera una decisión final por parte de la juez. Se presentaron también las pruebas de irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) en la expulsión ilegal de Miguel Ángel. Las organizaciones convocantes fueron: el Comité por la liberación de Miguel Ángel Beltrán Villegas, Sin Fronteras, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y el Posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
No han sido presentadas por la Fiscalía las supuestas pruebas, según declara el Comité, y “se limitan a la USB que él portaba al momento de su detención, escritos presentados en congresos internacionales de sociología y aparentes documentos encontrados en el computador de Raúl Reyes, el cual ya ha sido desestimado como prueba en otros casos de acusaciones y montajes similares realizados por el gobierno colombiano a congresistas, dirigentes sociales y académicos”.
José Lavanderos, como parte de la comisión responsable de la Misión de Observación Internacional conformada por organizaciones de derechos humanos de México, participó en las audiencias del mes de mayo en Colombia. Al respecto, dio cuenta sobre las inconsistencias, antes y durante las sesiones, entre las cuales destacó “el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades colombianas” cometido contra Miguel Ángel y familiares y amigos que permanecían en la calle durante el traslado; “la omisión de privacidad básica entre la Misión y Miguel Ángel”, la atípica “subordinación de la juez bajo la autoridad policial” de la cual enfatizó que “el control debió mantenerlo en todo momento el Juzgado”. Señaló la “intimidación por parte de elementos armados presentes en la audiencia” y “la acusación por parte de la juez sin garantizar la no comunicación entre testigos”. Agregó por último que “se violaron varias garantías de protección internacional, ratificadas en Tratados Internacionales por Colombia”, las cuales incluyen procedimientos administrativos y migratorios.
Al respecto, el Comité dio cuenta de dichas violaciones a Tratados en un documento de prensa en el que refiere a “los artículos 5 y 8 del Convenio Americano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA); al Paco Internacional sobre Personas en Prisión de la ONU y al principio de inocencia”. Describe las violaciones en el juicio en Colombia a través del “manejo de irregular de pruebas, actos de intimidación y violación de la presunción de inocencia”. Respecto a las violaciones legales en México, enlista: “al derecho a asistencia legal y defensa, negación al acceso a la información expediente del INM, abuso de fuerza y tortura, y expulsión arbitraria e ilegal”.
Perseo Quiroz, abogado de la organización Sin Fronteras, presentó los avances del seguimiento en México por la ilegalidad de la expulsión, entre ellos, la violación de derechos humanos cometida por el Instituto Nacional de Migración. Entre los logros está demostrada con pruebas la ilegalidad en el proceder del gobierno mexicano. Sobre la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que evaluó de “ambivalente”, declaró que “o se está a favor de los derechos, o no”.
En representación del Posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Enrique González Ruíz expuso que “pareciera una convalidación de un juicio ya dictado” puesto que el juicio “no ofrece garantía de imparcialidad” y calificó de “frágil” la ausencia de autoridad subordinada a la policía. Afirmó que efectivamente “se criminalizó al pensamiento libre” y sugirió un amicus curie sobre el caso para incidir en Colombia. “¿Hasta dónde se repararía el daño por parte del gobierno mexicano?” concluyó.
Mercedes Oliveros, en representación del Comité, habló sobre la reciente carta emitida por más de mil académicos británicos firmantes, entre ellos el Premio Nobel, profesor Sir. Richard Roberts, quienes escribieron al gobierno colombiano exigiendo la inmediata liberación de Miguel Ángel. Esta manifestación solidaria se suma a las acciones expresadas por académicos, intelectuales y políticos en América Latina y Europa, desde que se le encarceló.
El Comité sostiene que Miguel Ángel Beltrán es “víctima de los crímenes de Estado en Colombia, junto a estudiantes y profesores de la Universidad Pública” y que con ello, “se pretende mostrar como un ‘logro’ de la política de ‘seguridad democrática’ un ‘golpe al terrorismo’, cuando en realidad se trata de montajes judiciales y violaciones a derechos humanos de diversos académicos, estudiantes, profesores, investigadores, defensores de Derechos Humanos, líderes sindicales, de organizaciones sociales y de partidos de la oposición.”
Este caso es simbólico para ejemplificar la “criminalización al pensamiento crítico y a la oposición al régimen de Uribe”, señala el Comité. Se trata de “una persecución y un terrorismo de Estado”, que se ha mantenido en la impunidad durante año y medio, y que ya ha traspasado las fronteras de Colombia.
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