Sin embargo, la desmilitarización no sólo no ha llegado, sino que López Obrador ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado. Este mes cumple un año el Acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024. Asimismo, cumple dos años la Ley que creó la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad impulsado por López Obrador que, a pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Históricamente, las fuerzas armadas mexicanas han conservado un grado notable de autonomía, al que se ha sumado el poder que representa su papel protagónico en la estrategia de seguridad. El discurso de López Obrador como candidato había dado razones para pensar que su llegada a la presidencia podría significar una reconfiguración de este último aspecto. Sin embargo, tras diversas reuniones con la cúpula militar, el nuevo presidente no sólo consolidó el papel de las fuerzas armadas como pilar de la estrategia de seguridad, sino también empezó a asignarles otra gama de funciones.
Ciertamente, la experiencia de México no ha sido la de otras latitudes: a lo largo de la ola de dictaduras en la región, México no sufrió ningún golpe militar. Sin embargo, el peso de las fuerzas armadas mexicanas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que, sin constituir un gobierno militar, tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable. Con la seguridad en manos militares, y con las fuerzas armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar.
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