Desde su irrupción como actor público, los colectivos de familiares, acompañados con frecuencia por organizaciones civiles de derechos humanos, han ido resquebrajando la indiferencia que ha privado desde que la intensificación de la ininterrumpida “Guerra contra el Narcotráfico” arreció en el país. Así, han logrado que tanto en el nivel federal como en el nivel estatal hayan surgido leyes e instituciones que sientan bases necesarias, pero no suficientes, para lidiar con esta problemática; también ha logrado que sus búsquedas, antes criminalizadas, hoy sean reconocidas en su legitimidad en tanto expresión extrema de autotutela de sus derechos ante la indolencia estatal. Han logrado, también, un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense que, de instrumentarse adecuadamente y lograr la cooperación de las entidades, puede ser una herramienta útil para revertir el rezago que se presenta las morgues del país, donde se acumulan restos y cuerpos humanos, sin que exista un tratamiento científico, humanitario, estandarizado y retrospectivo que contribuya a la identificación.
Pero aún estamos en México lejos de contar con una verdadera política de Estado ante esta grave crisis y los pasos que hasta ahora se han dado, en algunos aspectos específicos, son de retroceso. Prueba de ello es que algunos de los colectivos llamaron la atención, durante las movilizaciones de este 10 de mayo, sobre las preocupaciones que genera la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que han sido ya ampliamente comentadas.
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