Las mujeres están preocupadas porque han percibido que, al no haber ocurrido los hechos durante el mandato de las actuales autoridades, éstas pretenden deslindarse de su cumplimiento. Vale la pena recalcar una obviedad: una sentencia internacional obliga al Estado en su conjunto, no sólo a una administración o a un nivel de gobierno. Que los hechos hayan ocurrido en otra administración o que esta se pretenda “diferente” no les exime de un cumplimiento serio, formal y ordenado.
Las autoridades han anunciado que retomarán el diálogo para activar el mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual. Aunque es relevante que eso ocurra, lo relacionado con el avance de la investigación y la sanción de lo responsables o con los controles externos sobre las fuerzas federales de seguridad sigue sin retomarse. Este cumplimiento fragmentado de ciertas instancias pero no del Estado en su conjunto, no augura avances sustantivos.
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