En primer lugar, fue aprobada la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), pese a las alertas lanzadas por víctimas, organizaciones e incluso instancias de gobierno como la subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Unidad de Inteligencia Financiera. La nueva legislación echa por tierra los avances logrados con la aprobación de la anterior ley, de 2018.
Por si esta reforma no bastara, también la semana pasada se votó la llamada reforma judicial, cuyas virtudes quedaron absolutamente opacadas y diluidas por la aprobación de un artículo transitorio que amplía la temporalidad del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con las reformas legislativas de la FGR y con el transitorio que de último momento se insertó en la reforma al Poder Judicial no se fortalece el sistema de justicia; por el contrario, se camina en sentido contrario de lo que necesita un país donde la impunidad y la injerencia política en la justicia son -hasta el día de hoy- norma y no excepción.
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