Ha transcurrido un año y, lo que inició como una promesa para resarcir derechos, se ha convertido en incertidumbre y caos. Araceli y Domitila comparten contexto entre ellas: ambas son mujeres indígenas, provenientes de contextos económicos adversos, rodeadas de exclusión y violencia sistémica; ambas cuidadoras de sus madres y ambas captadas por el crimen organizado para volverse los eslabones más visibles y expuestos de una economía millonaria que, para ellas, se traduce en un largo encarcelamiento.
Llegó 2021, el mes de enero, luego febrero y ya estamos en abril. Con ello se conmemora el primer aniversario de una Ley que mantiene sus puertas cerradas para el sector al que prometió justicia. En el caso de Araceli, este aniversario significa nueve meses de espera desde que presentó su solicitud de amnistía —cinco meses más de lo que la Ley de Amnistía señalaba como plazo para darle respuesta—. Para Domitila la situación no es diferente, su solicitud debió ser resuelta en enero.
Se ha cumplido un año de la aprobación de la Ley de Amnistía y lejos está la posibilidad de remediar las injusticias de un sistema que ha perseguido a los sectores históricamente excluidos y vulnerados. Las mujeres, las poblaciones indígenas y agrarias, los “daños colaterales” de la guerra contra las drogas siguen a la espera, atravesando escenarios de incertidumbre y ansiedad en prisión.
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