Pese a la importancia de este informe, sorprende la escasez de reacciones que ha generado, puesto que, hasta ahora, no se ha fijado desde la cancillería y la propia Secretaría de Gobernación ninguna posición sobre su contenido y menos aún sobre la pauta esperada de cumplimiento de sus observaciones desde la institucionalidad del Estado. Si bien tiene poco tiempo de haberse publicado, su relevancia y puntualidad merecería no sólo una respuesta pronta y consecuente con las recomendaciones propuestas, sino una estrategia institucional articulada que gestione este seguimiento. Aunque recientemente ya se han realizado esfuerzos como el Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos o el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-24, desafortunadamente éstos han estado lastrados por grandes carencias de vinculación social e institucional que han condicionado su efectividad.
Lo que en el informe se señala debería ser una plataforma pertinente para la definición de una agenda del gobierno en todos sus niveles en materia de derechos humanos. Los índices de violencia, inseguridad y vulnerabilidad que prevalecen en nuestra realidad deben ser atendidos con reformas estructurales; pero, mientras no se reconozcan ni se atiendan, el gobierno envía un mensaje de permisibilidad, como ha ocurrido en el pasado con gobiernos provenientes de otros partidos políticos y con distintas narrativas.
*Lea el artículo completo en La Jornada