Jorge Alberto Rivera Cardoza, de 42 años, murió por disparos de la Guardia Nacional el pasado 8 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Manejaba su vehículo muy cerca del puente internacional cuando recibió un balazo en la cabeza desde una patrulla que estaba en medio de una persecución. En el mismo hecho perdió la vida otra mujer, Martha Leticia Salinas Arriaga, que venía caminando cuando quedó atrapada por el coche de la primera víctima al chocar con otro. Los familiares de ambos recibieron una oferta por parte del cuerpo militar: si firmaban un convenio por el que renunciaban a que la Fiscalía General de la República (FGR) siguiera adelante con la investigación recibirían una compensación de un millón de pesos.
Este procedimiento se ha repetido en los últimos casos de civiles muertos a manos del Ejército, como los dos asesinados en Nuevo Laredo en febrero y marzo o el guatemalteco tiroteado en Chiapas a finales del mes pasado. El sistema es el siguiente: la familia de la víctima recibe la visita de un integrante de la Secretaría de la Defensa (Sedena) o de la Guardia Nacional que le ofrece una cuantiosa indemnización. A cambio, la familia debe firmar un documento en el que renuncia a seguir el procedimiento en contra de los oficiales.
* Información de Animal Político