Aun cuando las y los legisladores expresaron que se escuchó a la sociedad civil, el ejercicio que se denominó Parlamento Abierto estuvo lejos de cumplir los estándares de participación. Y aunque algunos de los contenidos más preocupantes de la propuesta de nueva legislación se eliminaron, de ninguna manera puede considerarse que con esta legislación estemos avanzando hacia el fortalecimiento de las fiscalías y las políticas criminales que un país con impunidad generalizada necesita.
Por ejemplo, la nueva ley profundiza la inercia de seguir entregando facultades de investigación a una institución de seguridad de configuración militarizada, como es la Guardia Nacional, aun cuando su marco legal está siendo revisado por la SCJN.
Además, se desdibujaron mecanismos de control y rendición de cuentas. Por ejemplo, se eliminaron los procedimientos de designación, así como sus principios rectores (transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, igualdad y no discriminación, buena reputación) y, como ocurría en la anterior legislación, el Fiscal General tendrá la facultad de nombrar y remover libremente a los titulares de las fiscalías especializadas.
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