A partir de la implementación de las —ya conocidas— políticas de seguridad militarizada promovidas por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, los patrones de la violencia letal en México cambiaron drásticamente. Mientras que de 2000 a 2006, tres de cada diez homicidios de mujeres se llevaban a cabo a mano armada, para los dos últimos años de registro esta manera de comisión de asesinatos pasó a ser la norma: ya hoy seis de cada diez asesinatos de mujeres se perpetran con un arma de fuego. Lo que representan los homicidios con arma de fuego para las mujeres se duplicó.1
Si bien la mayor parte de estos incidentes suceden en espacios públicos, aún sigue existiendo una desproporción de mujeres que son privadas de la vida a mano armada dentro de sus propios hogares —en comparación con hombres que han sido asesinados de la misma forma—. De manera conjunta, varias organizaciones de la sociedad civil hemos tratado de comenzar a visibilizar a nivel internacional las implicaciones que tiene esta manifestación de violencia en la vida de las mujeres.14 En este sentido, algunos de los temas que nos parecen más apremiantes, son: la militarización de la seguridad pública y su impacto directo con el aumento de la violencia letal;15 las lagunas existentes en cuanto a la intersección de la violencia doméstica y la violencia armada, especialmente la falta de perspectiva de cuidados, así como un control efectivo de armas, ante la evidente falta de registro de estos artefactos a nivel nacional.
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