Este 12 de marzo, el largo e injusto proceso penal al que fue sometida Mónica Esparza en el marco de la mal llamada “Guerra contra el narcotráfico” llegó a su final. Vale la pena recordar esta historia de ocho años de violaciones a derechos humanos, pues es una lección de cómo la estrategia de militarización de la seguridad pública impacta de forma diferenciada en las mujeres y cómo aún hay camino qué recorrer para que la tortura deje de ser una herramienta en las investigaciones penales. Y también debemos tenerla presente porque en este mismo momento hay centenares de mujeres que, bajo este mismo patrón de detención arbitraria-tortura sexual-proceso penal injusto, siguen privadas de la libertad, sin que iniciativas como la Ley de Amnistía o los mecanismos creados para la atención de estos casos estén sirviendo en la realidad.
Un camino para comenzar a revertir estas deleznables prácticas sería el cumplimiento de las medidas estructurales ordenadas en el caso Mujeres de Atenco, como el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres. Esto haría posible la realización de un diagnóstico nacional del fenómeno de la tortura sexual en el país y la formulación de propuestas de políticas públicas tendientes a erradicar esta forma de discriminación contra las mujeres.
*Lea el artículo completo en Animal Político