A este paquete de reformas le es distinguible una intencionalidad clara: acabar con todas las innovaciones administrativas que se adoptaron en la legislación de la Fiscalía que se aprobó tras las interpelaciones ciudadanas de esfuerzos como #Fiscalíaquesirva, cuando éstas todavía no han sido en realidad aplicadas. En buena medida, esta intencionalidad está guiada tanto por una visión nostálgica del pasado autoritario del ministerio público y no de futuro, como por un entendimiento errado de la autonomía de los fiscales, que en vez de usarla para apuntalar la independencia en las investigaciones, la invoca para no coordinarse con otras áreas de la administración pública federal.
Tanto la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa como en los eventuales retrocesos de la ley de la FGR son malas noticias para la justicia, que sigue en deuda con las víctimas del país.
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