Al mismo tiempo, es inevitable pensar las lecciones del caso a la luz del presente. Cuando en 2006 salió a relucir la manipulación de la justicia en Puebla por el caso de Lydia Cacho, pero también por los casos del defensor de derechos laborales Martín Barrios y otros activistas sociales, no fueron pocas las voces que descalificaron las denuncias de la periodista para acuerparse en torno a quien detentaba el poder.
En particular, cuando fue difundida la llamada entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador Marín, no escasearon quienes, desde un entendimiento formalista del derecho, funcional al régimen de impunidad, desestimaron la relevancia de ese audio y reivindicaron ante todo las garantías procesales del gobernante. Algo parecido ocurre hoy con la reivindicación de la presunción de inocencia de candidatos señalados por mujeres sobrevivientes de conductas que podrían constituir delitos de índole sexual.