En días pasados, la violencia asociada a la impunidad volvió a hacerse presente en el panorama nacional con la noticia del asesinato de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas. Lamentablemente este caso no es inédito, hay que añadirlo a una lista más amplia de hechos en los que las instituciones de seguridad son responsables directas de crímenes y violaciones graves a los derechos humanos.
Tragedias como la ocurrida en Camargo dan cuenta de que la Guardia Nacional como apuesta principal del actual gobierno para contener la violencia en el país, es no sólo insuficiente, sino errada, pues enfatiza un enfoque reactivo de atención a la violencia como si ésta se tratase de un hecho de generación espontánea y no la consecuencia de la infiltración del poder público y privado por el crimen organizado. En un país de fosas, donde se fabrican verdades y numerosas instituciones han sido cooptadas, una mayor presencia militar en las calles no va a garantizar mayor seguridad. Es necesario repetirlo una vez más: el fortalecimiento de las instituciones acompañado del desmantelamiento de las redes ilícitas tejidas entre poderes políticos, económicos y delincuenciales, debiera ser el punto de partida para recuperar los vastos territorios de nuestro país que hoy se encuentran secuestrados por la macrocriminalidad.