Es un infierno creado por el crimen organizado, con permiso de nuestras autoridades; algunas participan de las rentas de la empresa criminal, otros archivan la documentación de estos horrores para evitar el señalamiento público.
La violencia contra migrantes no puede atacarse estatalmente. El fenómeno ocurre en toda la República, por redes que operan entre entidades federativas e incluso, cruzando nuestras fronteras. No es un asunto local, ni es un asunto menor. Las organizaciones delictivas practican la violencia extrema, de forma sistemática, a gran escala, contra la población de la mayor vulnerabilidad posible. Particularmente preocupante es la colaboración de nuestras autoridades en la comisión de estos delitos, especialmente aquellas encargadas de perseguirlos. Policías municipales, estatales y federales participan del negocio de secuestrar a migrantes y, por ello, existen pocas probabilidades de que éstas actúen en contra de sus intereses. Por eso, la Fiscalía tendría que tener un papel protagónico en la persecución de los delitos contra migrantes, pero no lo asume. Así las cosas, dejar operar redes criminales nacionales, en colusión con policías de todos los niveles será la receta perfecta para continuar la pérdida de control del territorio.