Ante tal escenario, la exoneración a Cienfuegos, más que un golpe a la DEA o a la relación bilateral entre México y Estados Unidos –como se ha repetido las semanas recientes– es un duro golpe a la democracia de nuestro país y un mensaje de empoderamiento para el Ejército, que amplía sus márgenes de acción.
Además del trato generoso que ha gozado el Ejército en los últimos sexenios, también se debe hacer notar que esta institución ha estado al margen de la rendición de cuentas. Los gobiernos de Peña y Calderón asignaron a las fuerzas armadas papeles protagónicos que los llevaron a tener en la vía de los hechos preponderancia sobre el poder civil. Pues bien, y en contraposición con las críticas que López Obrador ha dirigido a sus antecesores en casi todos los ámbitos, resulta evidente que respecto del poder castrense ha apostado por la misma fórmula pero aumentada.
Lamentablemente, el crecimiento de las facultades militares no ha sido acompañado por el diseño de nuevos mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas; por ello, acrecentar su poder implica, correlativamente, incrementar no sólo el riesgo de corrupción, sino de alentar la continuidad de la comisión de violaciones graves a los derechos fundamentales de los ciudadanos.