Mucho se ha discutido y se seguirá discutiendo sobre el contenido de los mensajes, específicamente por cuanto hace a las menciones del extitular de la Defensa Nacional. La somera investigación que en 60 días realizó la FGR no permite dilucidar con seriedad todas las preguntas que surgen. Pero, además, la precipitada determinación parece indicar que tampoco se indagarán otras líneas de investigación que surgen de los mensajes, cuyo seguimiento no está atado a la situación jurídica del General. En los mensajes se alude a posibles actos ilícitos de un exsecretario de Gobernación, de un exgobernador de Sinaloa, un exgobernador del Estado de México, de procuradores, de comandantes de las policías ministeriales, de militares en activo y en retiro. Es un hecho indubitable que el grupo delictivo en cuestión tenía vínculos con actores estatales, incluido desde luego con el Ejército.
En estas circunstancias, inevitablemente este episodio viene a apuntalar la preeminencia castrense que, de forma inesperada, se ha consolidado en esta administración. Como hemos dicho reiteradamente, esta inercia de décadas se ha profundizado en el presente: no se llama a cuentas a las Fuerzas Armadas por la Guerra Sucia; se prodiga impunidad a los crímenes castrenses de la Guerra contra las Drogas en casos como Tlatlaya; se permite que los militares dosifiquen la información respecto del esclarecimiento de Ayotzinapa; no se imponen controles externos a la Guardia Nacional; no se investiga en las vías civiles la corrupción en obras que se han encargado a los militares; y, además, las Fuerzas Armadas participan hoy en incontables ámbitos de la vida pública.