El derecho a la información no se puede ejercer desde una dependencia gubernamental, pues se convertiría en jueza y responsable de sí misma, imposibilitando automáticamente la rendición de cuentas. Si constantemente se deben interponer quejas ante el INAI para que una autoridad específica rinda la información que debe al público, ¿cómo será el caso cuando la misma dependencia se niegue a dar datos que podrían parecer poco favorables al funcionariado y responsables? ¿Ante qué instancia se deberá recorrer para ejercer un derecho? ¿Quiénes podrán controlar todos los escapes de información para organizaciones de la sociedad civil, periodistas, activistas o personas de la academia?
La falta de transparencia afecta el ejercicio del estado de derecho y la defensa de los derechos humanos. Esta realidad es constatada cotidianamente a través de la investigación y labores de defensa que hacemos en ASILEGAL. Por poner un par de ejemplos, para proyectos recientes, notamos una realidad que normalmente afecta a las personas privadas de libertad y sus familiares: la falta de información sobre cómo proteger sus derechos desde prisión, causa que se permitan abusos de autoridad sin manera de defenderse. Por ello, fue necesario capacitar a cientos de personas en el uso y ejercicio de la información pública. Y con esto, se logró acceder a información específica y pertinente de las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad que, de otra manera, el Estado o los centros penitenciarios jamás darían. Datos correspondientes a la alimentación, salud, trabajo, y otros derechos que sistemáticamente se le niegan a la población.
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