Más desesperante resulta para las familias que aún esperan verdad, no percibir que en este gobierno se avance en esclarecer lo ocurrido durante el período ni en lograr que las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad -y no solo las instancias políticas- reconozcan su responsabilidad. El Ejército, que en este sexenio ha recibido todo, no ha dado a cambio nada en derechos humanos. El paradero de al menos quinientas personas que fueron desaparecidas en operativos de autoridades institucionales durante esa época sigue sin esclarecerse, mientras el sector castrense gana presencia y poder.
Hoy, en un escenario que se antojaba ideal para saldar esta deuda del Estado con la democracia, en el que se esperaba una ruptura total con las maneras de gobernar de décadas pasadas y con los poderes fácticos, las familias deben seguir tocando puertas y recurriendo a sus propios medios para tratar de esclarecer, por fin, el paradero de quienes faltan.
La carta de Alicia es una poderosa y rompedora botella lanzada al mar. Ojalá quienes tengan un pedacito de información que pueda ayudar a completar el rompecabezas lo aporten. Pero no debemos dejar de lado que el Estado tiene todo para romper la impunidad y acabar con el dolor y la injusticia que siguen latiendo. Documentos, instalaciones, incluso testigos de esos momentos. ¿Qué es lo que impide un desenlace de verdad y justicia con esta deuda, si el propio presidente de la República ha dicho que esto fortalecería a las instituciones?
*Lea el artículo completo en Animal Político