Así, lo más relevante para poder tener una procuración eficaz de justicia es implementar las leyes existentes, creando institucionalidad e instrumentando y replicando prácticas que hacen efectivo el acceso a la justicia: ese es el reto más importante de las actuales leyes de la Fiscalía (LOFGR) y en materia de desaparición (LGMD), y así lo han hecho notar la misma Comisión Nacional de Búsqueda y los movimientos de víctimas, principalmente el de personas desaparecidas. No es que no existan cuestiones perfectibles en los instrumentos legales –existe aún una serie de elementos quedaron en el tintero con la LOFGR– o bien, que haya cuestiones pertinentes a largo plazo que no funcionan aún porque la cultura política tarda en cambiarse –como que la autonomía de la Fiscalía es una buena idea, aunque en este momento se utilice políticamente. Pasa que legislar no es la única manera de gobernar, menos si es de modo regresivo.
El gran reto de la actual administración federal con sus contrapartes del Poder Legislativo y Judicial es si lograrán romper la inercia de la reforma legislativa como simulación de política pública que vende mucho y opera poco, o bien, si apostarán por una transformación a mediano y largo plazo de las instituciones y prácticas para el acceso a la justicia, que no será visible hasta que sea vivida.
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