En estas contradicciones estábamos cuando llegó la pandemia. Ésta, con sus dolorosos estragos, está dejando numerosos impactos en derechos humanos, que en el balance final de la actuación del Estado ante el COVID tendrán que aquilatarse. En este marco, se han incrementado las preocupaciones vislumbradas al inicio de sexenio. Por ejemplo, aumentó la militarización. También continúa la impunidad. Por otro lado, la crisis de desapariciones continúa, pese a avances como la relevante apertura a trabajar con el comité de la ONU en la materia. Finalmente, el tono de descalificación al trabajo civil de defensa de derechos humanos ha seguido.
La violencia no cede y la crisis de derechos humanos continúa. Conviene al país y sobre todo a las víctimas que esta realidad sea reconocida y que no que se soslaye afirmando que el Estado ya no viola los derechos humanos. Vale la pena recordar algo básico: Al Estado lo componen también policías municipales corrompidas, policías estatales que practican la tortura, ministerios públicos que revictimizan y fuerzas castrenses que se saben impunes. Sólo aceptando la realidad y reconociendo los muchos pendientes se podrá trazar la ruta para superarlos.
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