Cuestiones verdaderamente sustantivas como mejorar la gestión de expedientes y las capacidades investigativas, tener una aproximación estratégica a los temas más urgentes de la agenda de violaciones graves -desapariciones, tortura, ejecuciones-, como profundizar el trabajo de protección a derechos territoriales indígenas o innovar en el seguimiento de recomendaciones, incluyendo las generales, han quedado soslayadas. Se ha relativizado la relevancia a las dimensiones técnicas en el trabajo de la CNDH, sustituyéndola con política de bajo nivel. A ello ha contribuido el cerrar la puerta a defensores y defensoras de derechos humanos que por años han trabajado con independencia estos temas y el no profundizar la apertura a las instancias internacionales de derechos humanos.
Es un momento crítico. No es que estemos perdiendo la CNDH para la defensa de los derechos humanos y como contrapeso pues en realidad nunca cumplió del todo esas funciones, pero sí estamos perdiendo lo rescatable que había en ella y, sobre todo, la oportunidad histórica de volverla una instancia realmente relevante y útil para las víctimas. La influencia negativa que esto puede tener en las ya de por sí muy débiles comisiones estatales de derechos humanos, normalmente supeditadas a los gobernadores, es también preocupante. La toma de las instalaciones de la CNDH por colectivos de víctimas es hoy un signo de que el la institución está a la deriva y de que cambiar el rumbo con autocrítica, humildad y sentido de Estado, es indispensable.
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