No es novedad decir que la nación está sumergida en una profunda crisis de derechos humanos. Las duraderas secuelas de la guerra contra el narcoy nuestra debilidad institucional en materia de procuración de justicia, han propiciado que nuestro país tenga un índice de impunidad escandaloso, por decir lo menos. Según el Índice Global de Impunidad, en México, 99.3 por ciento de los crímenes cometidos quedan impunes, lo cual habla de un margen enorme para la comisión de abusos de poder y violaciones a derechos humanos en contraste con unas casi inexistentes procuración de justicia, acompañamiento a víctimas y reparación del daño.
En este contexto, es inevitable reiterar la urgencia que tiene nuestra sociedad de contar con instituciones que den estabilidad y garanticen el estado de derecho. Del mismo modo, los organismos autónomos, tan criticados por el gobierno, están llamados a un papel fundamental como contrapesos políticos, enfatizando su carácter ciudadano y vigilante de los que depende su autonomía.
Rosario Piedra cumplió hace unos días un año al frente de la CNDH, insti-tución que debería ser pilar en la garantía de los derechos humanos, pero que desde su creación ha dejado mucho que desear y desafortunadamente la actual gestión no ha operado cambios sustanciales en el sentido correcto.
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