Sin dejar de destacar que lo fundamental es que el rescate va, las recientes acciones han levantado también diversas preocupaciones entre la mayoría de las familias y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan.
La primera sin duda tiene que ver con un entendimiento estrecho de parte de algunas autoridades de quiénes son víctimas en el caso, acotado a quienes detentan el carácter de cónyuges. Esta decisión, comprensible para algunos temas indemnizatorios, es injustificada respecto de limitar la participación en reuniones a familiares que conforme a los estándares internacionales y a la legislación nacional (Ley General de Víctimas) son también víctimas. Pensemos por ejemplo en personas como doña Trinidad Cantú, madre del minero fallecido Raúl Villasana Cantú, y por años uno de los rostros más emblemáticos de la digna resistencia de los familiares, quien por ser madre y no viuda no debería ser excluida del proceso como ya ocurrió el viernes. De seguir este proceso, lejos de fortalecer el tejido social, el avance de las acciones gubernamentales generará rupturas familiares y comunitarias.
La segunda tiene que ver con la relación entre este proceso interno y el litigio interamericano subsistente. Como es sabido, con el acompañamiento de la Organización Familia Pasta de Conchos y del Centro Prodh, un grupo importante de familias acudieron al Sistema Interamericano buscando ahí la justicia que en México se les negó. Haber impulsado esta acción fue clave para sostener la resistencia todos estos años, en espera de que la coyuntura política cambiara. En la CIDH, el caso ha sido ya admitido y su tramitación obliga a que se sigan las formalidades del proceso internacional, de suerte que, si el Estado busca resolver ese litigio a través de una solución amistosa con los familiares peticionarios, ese proceso se tendría que aceptar por esas familias y formalizar ante la CIDH mediante un acuerdo que cumpla los estándares interamericanos de reparación.
La tercera es la no repetición.
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