Apenas la semana pasada se dio a conocer que la Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Gertz Manero, dio por concluida la investigación del caso por no haber elementos para ejercer la acción penal. ¿No resultaron suficientes los testimonios de los militares que la Fiscalía tuvo en sus manos?
Tlatlaya es un caso emblemático que muestra el modo de actuar de las fuerzas armadas durante los últimos 14 años de militarización de la seguridad. El espectro de las operaciones militares no atraviesa por el principio de legalidad, por la presunción de inocencia o por el acceso a la justicia. En Tlatlaya “la orden fue abatir”. El cierre del caso Tlatlaya muestra el actuar del Ministerio Público Federal al tener en sus manos investigaciones que involucran a las fuerzas armadas. Este es un común denominador en los casos de violaciones de derechos humanos y corrupción en las que se presume la participación de algún elemento militar.
Dar carpetazo es equivalente a la postura del gobierno mexicano de no iniciar investigaciones propias sobre el caso del general Cienfuegos. La impunidad blinda a los integrantes de las fuerzas armadas responsables de la masacre, mientras se materializa la falta de derecho a la verdad para las víctimas. Una postal devastadora que poco abona a la justicia.
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