En los últimos 10 años, acorde a la información recopilada por Hallazgos 2019 de México Evalúa, la cifra negra se ha promediado en un 92.9%.
El 92.9% mencionado no refiere a que el porcentaje restante es libre de impunidad. Más bien señala, tal como es imposible ignorar, que el 7.1% de todos los delitos del fuero común cometidos en la última década se les comenzó una carpeta de investigación. Pero, eso no significa que en ese 7.1% hay estandartes de calidad policiaca y judicial, pues ¿cuántas de esas carpetas fueron llevadas a cabo con un debido proceso, sin coacción para aceptar un procedimiento abreviado, atendiendo a una perspectiva de género, con intérprete traductor en todo momento, libres de tortura y malos tratos, sin creación de pruebas o culpables, sin víctimas colaterales por impericia policiaca o judicial?
Es inverosímil la situación que ha supuesto una nueva ampliación del catálogo de delitos contemplados en el artículo 19 de la Constitución, así como reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. En un giro cínico y cruel, la esperanza que queda para todas las personas que potencialmente se verán enfrascadas en un conflicto con la ley penal, que sean fabricadas como culpables o que se encuentren en situaciones de necesidad y precariedad que lleven a la comisión de un delito, es que la poderosa brecha entre legislación y aplicación se presente a su favor.
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