La construcción de capacidades en las instituciones del sistema, para adecuarlas a los estándares del nuevo modelo de justicia, está demostrando ser muy difícil. Como ejemplo pongo las capacidades de investigación de nuestras fiscalías. En la mayoría no se tienen los modelos de gestión de casos, no se prioriza, y no hay personal suficientemente capacitado ni los elementos técnicos para hacer trabajo de investigación profesional. En nuestra tubería procesal se queda muchas veces atascado el proceso. Y nos quedamos sin conocer la verdad y sin hacer justicia.
En cada eslabón de la justicia hay brechas entre lo que hay y lo que debería haber. Y nos quedamos esperando a que la generación espontánea de repente nos haga el favor. Digo lo anterior porque no parece haber un esfuerzo integral, coordinado y sistémico para permitir que las capacidades se construyan y las brechas se cierren. Tuvimos la pretensión de hacerlo con la puesta en marcha de la reforma con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), cuyo mandato (en papel, porque en la realidad su desempeño se quedó corto) era precisamente lograr una implementación exitosa. Cuando finalizó el plazo legal para la implementación y la SETEC desapareció, perdimos una instancia necesaria que podía conducir un proceso complejísimo de manera ordenada.
Desde mi perspectiva nuestro problema de justicia está hecho de debilidad institucional. Aquí está el corazón del nudo, y su solución. Políticos y legisladores piensan distinto. Sostienen que es la protección a delincuentes lo que el sistema fomenta, lo que nos tiene en el hoyo. Esta noción falaz nos la creemos la mayoría sin reparar que es la protección simultánea de derechos y del debido proceso legal el único camino para conocer la verdad y para hacer justicia. Lamento que haya quienes medren políticamente, mintiéndole a la gente.
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