Un obstáculo para pacificar el país es la ausencia de controles civiles sobre las conductas de los miembros del Ejército. La detención y eminente proceso en contra del general Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, nos alerta sobre ello.
En todos estos años podemos decir que no estamos mejor habiendo propiciado a un Ejército más presente e intocable. Ni hay más seguridad, ni hay menos violaciones a los derechos humanos, como tampoco hay menos corrupción. La falta de rendición de cuentas es lo que propicia colusiones con los cárteles, tortura, ejecuciones extrajudiciales masivas y gastos excesivos en la obra pública.
Las conclusiones de un detallado reporte de Human Rights Watch de 2009, Impunidad Uniformada, subsisten dolorosamente. El día de ayer, el Centro Prodh nos recordó cómo el propio general Cienfuegos, junto con otros altos mandos del Ejército, obstaculizaron las investigaciones sobre la cadena de mando en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, ambos considerados plagados de violaciones graves a los derechos humanos. Del lado puramente monetario, México Evalúa documentó el escandaloso gasto de la barda perimetral en la cancelada obra del aeropuerto de Texcoco. Ineficacia que, sin vigilancia, está destinada a repetirse en la obra del aeropuerto de Santa Lucía.
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